Bodas, bautizos y comuniones, objetivo de Hacienda

Primero fue la SGAE y ahora es Hacienda quien entra con el cuchillo en ristre en el negocio de las bodas, las comuniones y los bautizos, eventos en los que los españoles invierten grandes sumas y que en ocasiones hacen las veces de depuradoras de dinero negro. El objetivo del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, es que una legión de inspectores sepa quién ha pagado las celebraciones (son frecuentes, por ejemplo, las donaciones no declaradas de padres que pagan los enlaces de sus hijos) y si se han producido irregularidades en el abono de determinados servicios (o sea: si ha habido facturas de por medio): catering, floristería, decoración, peluquería, maquillaje, transporte, joyería, moda…

El fisco ya ha empezado a solicitar información a recién casados, familiares y empresas, y su intención es que la iniciativa tenga un poderoso efecto disuasorio: cuanto mejor funcione el boca a oreja, más novios y más familias optarán por organizar sus fiestas conforme a la ley. Eso sí, para obtener el resultado esperado necesita que las personas interrogadas se dejen tirar de la lengua, por lo que ha empezado a formar a los inspectores en el arte de la mano izquierda.

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Pero los planes de Hacienda van mucho más allá. Se han intensificado los exámenes sorpresa a colegios y comunidades de vecinos, que deberán facilitar la documentación que justifique que su día a día está en regla: los justificantes de las cantidades aportadas por clientes y vecinos, los recibos de luz, agua y gas, los contratos del personal… De hecho, a partir de 2014 las comunidades tendrán la obligación de declarar las operaciones cuyo coste haya sido superior a los 3.005 euros. Estas medidas se suman al control que ya se ejercía sobre chiringuitos playeros y ferias y fiestas populares.

De esta manera, Hacienda espera reactivar la recaudación de la Agencia Tributaria (apenas 6.000 millones de euros hasta junio de 2013) y mantenerla en los niveles de los años anteriores: más de 11.000 millones en 2012 y alrededor de 10.000 kilos en 2011, ejercicios en los que se ejecutaron 20.500 y 12.000 inspecciones in situ, respectivamente.

Para redondear la jugada, el Ministerio trabaja en un proyecto que persigue destapar alquileres de vivienda ilegales (sin contratos firmados o en los que los inquilinos estén pagando sus cuotas en negro): prevé presentarse en inmuebles supuestamente vacíos y controlar el consumo de agua y energía para comprobar si hay alguien viviendo en ellos.