Principales tipos de asociaciones de consumidores y usuarios en España

Un error en la factura del teléfono, una televisión que ha dejado de funcionar poco después de comprarla, un mal servicio en un restaurante…Si las empresas nos ponen problema a la hora de devolvernos el dinero o cambiar un producto por otro, podemos denunciar utilizando las oficinas de consumo públicas o las asociaciones de carácter privado.

El resultado de las denuncias, cuando nos referimos a las funciones de las asociaciones de consumidores, depende enteramente de que la compañía quiera resolver el problema con el cliente. Así que como no tenga la mínima intención de dar pasos en solucionarlo, lo que nos queda es acudir a los tribunales. Algo que supone más gasto de dinero, variará según la cantidad que reclamemos, y tiempo.

Tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas cuentan con organismos dedicados a la defensa de los derechos de los consumidores. Una vez hayamos sufrido algún abuso de una empresa o vemos irregularidades en el producto que hemos adquirido, debemos denunciar en el lugar correspondiente de la administración local o autonómica, aunque podemos contactar a través de internet, en el caso de Madrid con Madrid.org o de Cataluña en genecat.cat.

Cuando vaya a realizar la reclamación, tiene que incluir sus datos personales y los de la empresa que ha cometido la infracción. Normalmente se rellena un formulario en el que se detallan las quejas y del que debemos quedarnos con una copia al final de la solicitud. Además de esta información, para denunciar ante una de las oficinas públicas no hay ningún requisito previo o limitación personal. Procederán a comprobar los hechos que hemos descrito y aplicarán sanción la empresa o ciertas medidas como inspeccionar, aunque en este caso, el consumidor no forma parte activa del proceso, pero estará informado de su resultado. Eso sí, la multa que se le pueda poner a la empresa no significará una compensación económica para nosotros de forma individual, si queremos obtener indemnización, hay que acudir a juicio.

Personalmente, si reclamamos menos de 900 euros, no hará falta la presencia de abogado o procurador. Hasta los 3.000 euros, será un juicio verbal y cuando supera esta cantidad, se produce un juicio ordinario (en estas dos circunstancias sí que necesitaremos tanto abogado como procurador). Un gasto que quizá sea menor si una asociación de consumidores nos lleva el caso. Tienen una cuota anual, pero no pagan las tasas judiciales, resultará más barato, seguramente. Por último, si el problema es colectivo, una demanda que una a todos los perjudicados, es otra de las vías para denunciar.

Los consumidores vamos tomando conciencia de nuestros derechos y utilizamos todas las alternativas que están a nuestro alcance, tengan forma pública o privada. Últimamente, también consideramos como vía para defendernos, las plataformas de internet como change.org, en la que nuestra firma sirve para poner en marcha una solución o se tenga, al menos, en consideración el problema. Los medios de comunicación llegan a ser más eficaces que las denuncias a consumo. Las empresas se juegan su imagen corporativa, tan difícil de conservar en estos tiempos, una mala publicidad en televisión, les haría replantearse su posición con respecto al consumidor.