Nuevo puerto deportivo de Laredo: ¿privado o público?

Un año cerrado y trece meses para conseguir vender un amarre. Esos son los datos más llamativos del nuevo puerto deportivo de Laredo, en Cantabría, aparte del coste asumido por la administración y la empresa concesionario: un total de 90 millones de euros.

De hecho, en todo el proceso, una de las noticias que no tardó en ocupar sus correspondientes líneas en los medios de comunicación cántabros fue la venta del primer amarre. Fundamentalmente, porque fueron trece meses contados desde la inauguración del recinto los necesarios para que el primer navío utilizara las modernas instalaciones náuticas de Laredo.

El nuevo puerto deportivo se concibió como una de las bazas necesarias para la reactivación económica de la cornisa cantábrica. Se trataba, básicamente, de trasladar el modelo de turismo náutico que triunfa en el arco mediterráneo al norte de España. Para ello, se diseñó un puerto deportivo amplio y moderno. En total, 1.200 amarres con todas las comodidades necesarias para los barcos que costaron 90 millones de euros.

Si bien es cierto que la intención del gobierno cántabro fue apostar por la iniciativa privada (tal y como se estableció en los pliegos de licitación), el estudio de la obra que se debía realizar reveló que ninguna de los posibles concesionarios estaba dispuesto a asumir todo el riesgo. El problema era que la ubicación del puerto de Laredo exigía construir sendas estructuras de protección (un dique rompeolas de 750 metros y un contradique de 268 metros) que elevaba sobremanera el coste. Así que la única forma de llevar adelante el proyecto fue que el gobierno cántabro asumiera parte de la financiación. Y no una parte cualquiera, sino prácticamente el 70% de la obra. Es decir, una inversión realizada en su mayor parte con dinero público que, una vez finalizada e inaugurada, se convirtió en un litigio entre la concesionaria (la parte privada, con el sobrenombre de Marina de Laredo, encargada de la gestión y, por tanto, beneficiaria de la explotación durante 40 años) y la administración.

Las diferencias entre ambas partes hicieron que el puerto permaneciese cerrado durante más de un año, sin posibilidad de comercializar unos amarres cuyo precio de venta, por otro lado, oscila entre los 10.920 euros y los 112.000 euros, dependiendo del tamaño del barco. Todo ello, a la espera de que la actividad en el puerto fuera el motor dinamizador del entorno, en el cual había previsto una zona comercial.

Finalmente, han sido los tribunales los que han tenido que decidir y, por fortuna, lo han hecho a favor de la administración. Por que la empresa concesionaria reclamaba la resolución del contrato tras la decisión del gobierno cántabro actual, en manos del Partido Popular, de considerar lesiva la decisión del anterior Ejecutivo regional (la coalición PRC-PSOE) de firmar una cuenta de compensación. Esta cuenta garantizaba que la administración se haría cargo de reembolsar la totalidad de la financiación externa a la concesionaria, cuestión que no se contemplaba en el contrato inicial. Esa ha sido la base para que el tribunal rechazara las pretensiones de la concesionaria, entendiendo que esta pretendía trasladar a la administración “el riesgo y ventura asumido”. Es decir, que si una empresa no tiene problemas no quiere saber nada del Estado; pero si los proyectos no funcionan como estaba previsto, nada mejor que la administración se haga cargo.