La nueva Ley de Seguridad Privada

En medio de la marea desatada por el boceto de la próxima Ley de Seguridad Ciudadana (sustituta de la ley de la patada en la puerta socialista y que muchos ya han bautizado como ley mordaza o ley de la patada en la boca), la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Seguridad Privada, menos ruidosa pero con su punto polémico.

Hasta ahora, y con la norma de hace más de 20 años en la mano, los vigilantes solamente estaban autorizados a intervenir dentro de los espacios que tenían la misión de proteger, es decir, hospitales, grandes superficies, urbanizaciones, naves industriales, oficinas, tiendas, aeropuertos, estaciones… Sin embargo, a partir de ahora gozarán de un mayor margen de maniobra: podrán actuar en la calle y detener a gente si lo consideren necesario, siempre y cuando cuenten con el beneplácito de las autoridades autonómicas competentes.

Con la nueva ley los empleados de las empresas privadas de seguridad tendrán permitido cachear e identificar a personas en polígonos de empresas, zonas residenciales, áreas comerciales peatonales, conciertos y eventos deportivos, tanto si se desarrollan en un recinto cerrado como si lo hacen en la vía pública. Además, podrán detener en la calle a quien haya cometido un delito en el interior del espacio que estuviesen vigilando (conviene remarcarlo: nada de detenciones arbitrarias) y retenerlo hasta que la policía o la Guardia Civil se presente en el lugar de los hechos. Quedan prohibidos los interrogatorios, que son competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Algunos partidos de la oposición, con el PSOE e Izquierda Unida a la cabeza, rechazan el proyecto porque consideran que abre la puerta a que determinadas empresas hagan negocio y creen que es una de las muchas ramas de un proceso de privatización masiva de servicios públicos puesto en marcha por el Gobierno.

La imagen corporativa que proyectan las empresas de seguridad privada es positiva, están vistas como empresas con una buena reputación y prefesionalidad. Una imagen corporativa debe proyectarse a lo largo de los años, como por ejemplo empresas como Prosegur y Securitas.

Sea como sea, el sector en España está formado por casi 1.500 compañías, da trabajo a 85.000 profesionales y factura anualmente más de 3.000 millones de euros. En comparación con el resto de los miembros de la Unión Europea, el español es uno de los estados con mayor número de agentes de policía por habitante (516 por cada 100.000, muy por encima de los 385 del Viejo Continente) y con menos vigilantes privados (195 por cada 100.000 habitantes, frente a los 271 de media de la Unión.