El fraude del baloncesto paralímpico español, Sidney 2000

Un oro paralímpico que supo, poco después, a estafa. La codicia de un presidente de federación española para discapacitados. Un periodista infiltrado que destapó el caso. Al descubierto quedó la falta de controles del equipo de selección nacional y del Comité Olímpico Internacional. Todo por las subvenciones.

El equipo de baloncesto que viajó a los Juegos Paralímpicos de Sidney, estaba integrado por 12 deportistas, de los que sólo dos eran discapacitados. Eran los únicos que contaban con los certificados públicos que hacían falta para demostrar que se cumplía con los requisitos que establecían las normas del Comité.

No sólo habría sucedido durante las Olimpiadas de Sidney 2000, sino en anteriores citas en Brasil y el Eurobasket en los dos años anteriores. Además de los diez de baloncesto, cuatro deportistas más, que ganaron medalla en aquellos Juegos, de los equipos de natación, tenis de mesa y atletismo, también han sido investigados por las mismas circunstancias por el Comité Paralímpico español.
De las cuentas de todos salieron más de 30 millones de pesetas (180.000 euros) entre ayudas para organizar los juegos, las becas de los deportistas y los lugares para concentrar a la selección durante el proceso de preparación. Ninguna de estas concentraciones se produjo y se justificaron con facturas falsas. El dinero fue a parar a las arcas de la federación.

Las pruebas sobre el cociente intelectual no se realizaron, cuando la condición era que los participantes tuvieran menos de 70. A los jugadores les explicaban que en la competición se admitían colaboradores para formar equipos mixtos y que así subiera el nivel de juego. Estas fueron otras irregularidades que cometió la delegación española.

El proceso ha durado trece años y ha sido una de las causas por las que también se ha reducido la pena, que en un principio eran dos años de cárcel para cada uno de los implicados. De los 19 acusados, finalmente la Audiencia provincial de Madrid, ha condenado solamente al presidente de la Federación española de deporte para Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín, a pagar una multa de 5.400 euros por estafa y falsedad documental. Tras admitir su culpa a la Fiscalía consiguió que se redujera la sanción y que los otros imputados se libraran de afrontar las sanciones. Antes del juicio, ya había entregado más de 140.000 euros por haber cobrado las subvenciones y no haberlas destinado a lo que se había acordado.

No ha sido la primera vez que a Fernando Martín, le acusan de no utilizar el dinero público como debe. La organización sin ánimo de lucro que presidía, ANDE, fue investigada por no demostrar dónde habían ido a parar más de dos millones de euros de ayudas del estado.

¿La sentencia habrá servido para que los controles pertinentes se lleven a cabo? Lo sorprendente es que el Comité olímpico internacional ni el español, no hubieran descubierto nada. Ni que la administración controlara si se celebraban o no las concentraciones que se habían pagado. El periodista Carlos Ribagorda (el infiltrado en el equipo), también sembró la sospecha sobre tres jugadores rusos contra los que disputaron la final…La desconfianza sobre la limpieza de estos Juegos empezó a crecer.