El caso de la SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) fue ganando protagonismo lentamente. El auge del mundo virtual y el cambio de modelo de distribución que supone para buen número de productos, especialmente, los culturales, puso sobre aviso a autores de libros, discos y películas, entre otros. O quizá habría que puntualizar y advertir que la alerta que se activó fue la de las empresas que comercializaban dichos productos (discográficas, productoras, editoriales) y que empezaban a advertir la aparición de un nuevo canal de distribución que socavaba las bases de sus negocios.

En el caso particular de la SGAE, los medios ya venían reflejando desde hacía tiempo el particular celo que la sociedad ponía en la vigilancia de las obras de sus asociados. Música en bodas, en obras de teatro infantiles, en peluquerías, en celebraciones particulares… La necesidad de cobrar derechos (o de recaudar) por la reproducción puntual de cada pieza musical que se utilizara llegó a extremos realmente absurdos. Alguna obra de teatro infantil tuvo que ser suspendida ante la aparición de los inspectores de la SGAE exigiendo el pago de los derechos de la música utilizada, ante el disgusto de padres y niños. O, incluso, algún club de fútbol se vio obligado a renunciar a poner su himno al principio de los partidos.

En cualquier caso, la presión de la SGAE llegó a tal punto que consideró que todos los ciudadanos eran potenciales “piratas” de obras culturales y, por ello, instó al gobierno a impulsar una norma preventiva. El canon digital gravaba (y grava) mediante un impuesto la compra de cualquier producto capaz de almacenar y reproducir ya fuera un producto propio o ajeno. Es decir, que si se quiere guardar el trabajo propio en CD’s se debe pagar al comprarlos por ¿”piratear”? lo que uno ha hecho.

Sin embargo, entre las bromas que auguraban la aparición de inspectores de la SGAE por cantar bajo la ducha, el 1 de julio de 2011 la Guardia Civil inició un registro de la sede madrileña de la SGAE. Era consecuencia de las investigaciones realizadas por la Audiencia Nacional y que recogían la vinculación de la cúpula de la Sociedad con un entramado de sociedades mediante el cual se habrían desviado cerca de 400 millones de euros.

La implicación del presidente, Teddy Bautista, y del director de la Sociedad Digital de Autores y Editores, José Neri, además de otros siete integrantes de la cúpula directiva lleva a una primera detención que, tras las declaraciones pertinentes, se resuelve con la imputación de diferentes cargos. Entre ellos, apropiación indebida, alzamiento de bienes, delito societario y administración fraudulenta. De todos ellos, José Neri es considerado como el principal encausado de la trama e, incluso, se le acusa de haber amañado las elecciones celebradas un día antes de la intervención de la Guardia Civil. Neri es el último en abandonar la prisión tras las investigaciones judiciales y no sin antes presentar un aval sobre una fianza de 300.000 euros, mientras Bautista renuncia de su cargo como presidente.

Al final, la SGAE es una entidad sin ánimo de lucro y para una organización de este tipo es importantisimo controlar la reputación online para ONGS. Por eso, se debe realizar una gestión de toda la imagen que se proyecta a través de internet de la organización, a fin de que contenidos negativos no impacten en la reputación que tanto tiempo ha costado proyectar. La SGAE es cierto que tiene una reputación algo negativa en la actualidad, pero no deja de ser un entidad que ofrece un tipo de servicio complicado de realizar.